El TREN MAYA PROVOCA UN NUEVO CONFLICTO, AHORA EN UCÚ: GASPAR QUINTAL
“A los ejidatarios les expropian, les pagan menos o les quitan mientras a los empresarios les pagan más, así es la “cuarta trastornacion”
El diputado local y presidente del PRI Yucatán, Gaspar Quintal Parra, exigió a las autoridades federales y estatales esclarecer la situación de la parcela 21 de Ucú, donde ejidatarios denuncian irregularidades en la transmisión de 194 hectáreas y reclaman un pago mientras avanzan las obras del Tren Maya de carga.
"El Tren Maya sigue causando conflictos por la opacidad en la adquisición de tierras. Ahora son las familias de Ucú quienes piden saber cómo salió el predio del ejido, quién recibió el dinero y con qué fundamento se les impide entrar mientras su reclamación sigue sin resolverse", señaló.
Quintal Parra explicó que la parcela se encuentra en el corredor ferroviario que conecta Poxilá con Progreso. Precisó que el conflicto de Ucú y las compras estatales de terrenos en Poxilá–Umán son operaciones distintas, pero ambas obligan a transparentar la adquisición de tierras destinadas al mismo proyecto de carga.
"En Poxilá hemos exigido avalúos, contratos y explicaciones sobre lo que pagó el gobierno. En Ucú, los ejidatarios exigen claridad sobre la propiedad y el pago de su tierra. La respuesta de las autoridades no puede ser avanzar con la obra y dejar esas preguntas pendientes", afirmó.
“Mientras que a los empresarios les pagan bien a los ejidatarios les expropian o de plano le quitan sus parcelas, esa es la 'cuarta trastornacion' que decía primero los pobres”, expresó el líder priista.
El legislador pidió hacer públicos el historial de propiedad de la parcela 21, los documentos relativos al derecho de vía, los avalúos y los comprobantes de cualquier pago o indemnización. También solicitó que las autoridades expliquen el fundamento de las medidas que han restringido el acceso de los ejidatarios al terreno y den seguimiento efectivo a los procedimientos legales en curso.
"Que no se equivoquen. No estamos en contra del desarrollo. Exigimos que se haga con legalidad, transparencia y respeto a las familias. Antes de afirmar que un terreno ya fue pagado, las autoridades deben demostrar cuánto se pagó, a quién y por qué esa persona tenía derecho a cobrar", concluyó.