“Está claro que este acuerdo representa un ataque frontal a la certeza jurídica de estas inversiones en Yucatán, causando graves consecuencias como la pérdida de empleos, de confianza de inversionistas, y afectaciones para los proyectos eléctricos de todas tecnologías en al menos 18 estados de la República, los cuales representan inversiones por más de 30,000 millones de dólares y donde Yucatán es un actor importante”.
El funcionario agregó que, al día de hoy, se cuenta con 4 parques de energías renovables en operación y un parque eólico listo para comenzar pruebas, así como 20 permisos adicionales de generación que en su conjunto representan $4500 millones y la creación de poco más de 12 mil empleos.
Por tal motivo, informó que el Gobierno del Estado defenderá estas inversiones y acudirá a las instancias federales que se requieran para que se clarifique la situación normativa, se proporcione certeza jurídica a las inversiones y se mantenga la libre competitividad de dichos proyectos con diversas fuentes de energía, como lo son las energías renovables que contribuyan a proporcionar dentro de la adecuada normatividad beneficios ambientales y económicos a nuestro estado.