Continúa cerrazón gubernamental para apoyar al operador afectado por un acto de corrupción de un inspector de transporte

En primer lugar queremos puntualizar que más del 99 por ciento de los comentarios de nuestros lectores sobre este vergonzoso caso en donde fue afectado el operador de la ruta circuito rojo (unidad 9) de la Alianza de Camioneros de Yucatán, Carlos Duarte Pech han estado a su favor.

Un caso que ha trascendido fronteras, pues nadie se hubiera imaginado que este lamentable suceso llegaría a la misma capital del país, Oaxaca, Cancún, Tabasco entre otros estados y que deja mal parado a las autoridades del actual gobierno que tiene a su cargo, Mauricio Vila Dosal.

Sobre aquellos defensores del inspector de transporte, Russell de los Reyes Poot Trejo están en todo su derecho, por ser familiares, amigos o por opinar sobre un tema sin la información oportuna y porque cuando la persona no es la afectada es muy fácil buscarle solución cuando la realidad es muy distinta.

En primer lugar el desagradable suceso tuvo lugar hace semana y media cuando el inspector de transporte, Poot Trejo abordó la unidad No. 9 de la ruta Circuito Rojo donde hace año y medio labora el operador Carlos Duarte Pech.

De acuerdo a la entrevista que le realizamos al afectado nos comentó que él funcionario estatal abordó la unidad a las 22.20 horas, lo cual fue debidamente grabado en la cámara de video con que cuentan estas unidades.

El trabajador de la dirección estatal de transporte abordó la unidad sin pagar su pasaje, quien al solicitarle el pago de su boleto dejó en claro que no lo iba a hacer porque estaba regresando a la base.

De inmediato el operador con toda justicia le volvió a exigir que pagara su boleto ya que no cuenta con ningún convenio firmado entre la dirección estatal de transporte y la empresa donde labora, quien de nueva cuenta justificó que no pagaría (7 pesos con cincuenta centavos) porque existe un acuerdo entre la institución que labora y las empresas camioneras.

Debido a todo este relajo, una dama cuyo nombre desconoce el operador pagó su pasaje, pero inexplicablemente se vengó del chofer y esperó el ejemplar funcionario fuera de su horario de trabajo para levantarle al final del recorrido su boleto por desacato a la autoridad, la cual no firmó el operador, además de quitarle su licencia.

Queremos precisar que un funcionario de la dirección estatal de transporte con el cual tuvimos un enlace vía celular y que presuntamente está sirviendo como puente para desahogar este tema en primera instancia nos precisó que no existe ningún convenio firmado entre la dirección estatal de transporte y las empresas concesionarias del transporte urbano de Mérida.

Posteriormente, en una segunda llamada cambió su versión argumentando que este caso podría tardar su tiempo (no precisando el tiempo) y sin decirlo se está defendiendo al trabajador, además de informarnos que habían hablado con los directivos de la ACY y que éstos ya le habían dado de baja, pero no precisando jamás los argumentos del mismo.

Por si fuera poco, ahora a manera de justificación nos señaló el funcionario de la dirección estatal de transporte y Comey que los operadores saben que existe una ley de usos y costumbres y que por ello no pagan su pasaje éstos cuando lo abordan.

Pero lo irónico del caso es que los operadores al final de la jornada tienen que pagar los pasajes de estos servidores públicos que ganan buen sueldo, prestaciones, gozan de un mes de vacaciones, vales de despensa, bono anual y demás bondades, lo cual de ninguna manera se puede justificar, en todo caso el Gobierno del Estado debería realizar un convenio de trabajo para que estos pasajes no sean cobrados a los choferes, como es el caso de Duarte Pech.

Posteriormente, el operador afectado acudió a las oficinas del presidente de la Alianza quien fue atendido por su presidente, Xavier Rodríguez Berzunza quien a petición del afectado revisaron con todo detalle el video y efectivamente se dieron cuenta de esta situación y que el operador lo único que hizo es defender la normatividad de la empresa y que el mismo líder camionero le confirmó que todos deben de pagar, pero que tenía que darle de baja para no tener un enfrentamiento con el Gobierno,  privándole de su fuente de trabajo, no tomando en cuenta su lealtad, el que su esposa está esperando un bebé y además es padre de una niña de cuatro años.

Pero lo peor de todo solamente le quieren dar 9 mil pesos: 6 mil pesos que le devuelven por concepto de fianza que se tiene que entregar obligatoriamente para poder entrar a trabajar como chofer y 3 mil irrisorios pesos por liquidación después de un año y medio de trabajo.

Tampoco se tomó en cuenta su noble acción de meses atrás cuando bajó a una persona con discapacidad y de destacarse entre sus compañeros por ser un operador que le gusta su trabajo y es uno de los trabajadores más puntuales, nada de eso se tomó en cuenta.

De las investigaciones que hemos realizado varios lectores afirman que Poot Trejo proviene del gobierno rolandista lo cual no tendría nada de malo, pero lo que si resulta muy sospecho es que a varios días de haberse dado a conocer este caso el director estatal de transporte, Aref Karam Espósitos un funcionario que no informa de nada, no quiera investigar nada sobre el tema ni se digne en levantar un dedo a favor de un trabajador afectado por uno de sus empleados, y lo más grave del caso no le quieren devolver su licencia de chofer de transporte público.

Si a todo esto le sumamos que intentó interponer una denuncia laboral y grande sería su sorpresa que hoy las autoridades laborales están de vacaciones, es decir que el tiempo sigue pasando y sus problemas económicos son muy graves, es por ello que su esposa hoy se encuentra laborando para que este humilde hogar salga adelante, si eso amigo lector no es un verdadero drama entonces que és.

Una precisión los escasos medios de comunicación que hemos dado a conocer este tema entre ellos Telesur, EL PRINCIPAL y el columnista político Guillermo Barrera Fernández de ninguna manera tenemos la intención de generar morbo o nos estamos hinchando de billetes, se realiza única y exclusivamente para apoyar a una persona con un problema muy grave y en donde una autoridad estatal con un oscuro pasado priísta y panista no quiere dar la cara ni hacer comentario alguno sobre el triste caso de Duarte Pech.

Claro que esto no nos debe de extrañar, si durante 9 meses y medio la dirección estatal de transporte y Comey no informa de nada al pueblo de Yucatán, entonces el silencio que hoy siguen demostrando es algo cotidiano de ambas instituciones mal dirigidas por una persona que fue objeto de numerosas denuncias en el trienio municipal de Mauricio Vila cuando fue el alcalde.

Finalmente, también no entendemos porque si el Gobernador del Estado ya está enterado del tema pues le han posteado en su página muchos ciudadanos, porque no hace nada al respecto, es cuando como lo señalan miles de personas que se ha solidarizado con el caso de Duarte Pech y sin ánimos de politizar este tema, el Gobierno le está fallando al ciudadano y ahora no se vale señalar el pretexto de que se le retiró su trabajo por ser priísta sino por una supuesta ley de usos y costumbres por parte de un mal servidor público y de un funcionario estatal que no quiere dar su brazo a torcer, LA SOLUCION ES MUY SENCILLA QUE LE DEVUELVAN SU LICENCIA AL AFECTADO Y SI QUIEREN AMONESTAR O NO A SU EJEMPLAR EMPLEADO ES UNA DECISIÓN MUY PERSONAL DE AREF KARAM Y DEL MISMO GOBIERNO.

POR El PRINCIPAL