Yucatán está entre los primeros 10 estados del país con mayor índice de embarazos adolescentes e infantiles; y México es el primer lugar en casos de embarazos infantiles y adolescentes entre todos los países que son parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
La CODHEY reitera que el embarazo en la adolescencia, además de los riesgos en la salud física y emocional, puede también tener repercusiones sociales y económicas negativas tanto para las menores de edad como para sus familias.
Además, que muchas adolescentes embarazadas se ven obligadas a abandonar la escuela, quedando en una clara desventaja con respecto a sus pares, ya que tienen menos aptitudes y oportunidades para encontrar un trabajo bien remunerado.
A todo esto, se suma que tener relaciones sexuales sin protección implica un riesgo permanente de adquirir una infección de transmisión sexual.
Las Organización Mundial de la Salud, desde 2011, pidió a los países adoptar medidas enfocadas a prevenir los embarazos entre adolescentes, y en México, el Instituto Nacional de las Mujeres desarrolla la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) que se plantea disminuir a cero los nacimientos en niñas de 10 a 14 años y reducir en un 50% la tasa específica de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años (TEF15-19) para el año 2030; por lo que resulta preocupante que en Yucatán se envíe un mensaje que contravenga estos esfuerzos enfocados en la protección de los derechos de las niñas y adolescentes.
El llamado al COESPO en Yucatán, así como a las diversas autoridades, es a desarrollar campañas de prevención del embarazo adolescente, así como la erradicación del embarazo infantil, un problema que debe considerarse de salud pública, y que por tanto, debe ser tratado como tal.