Mérida, Yucatán, a Sábado 20 de Abril de 2024
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Ejidatario de Chocholá denuncian a magistrado de TAU 34
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18-06-2019.- Convoca a más campesinos a que presenten pruebas
Campesinos de Chocholá denunciaron las irregularidades cometidas por el magistrado federal del Tribunal Agrario Unitario (TAU) 34 de Mérida, Luis Antonio Betancourt Sánchez, quienes validaron las querellas dadas a conocer por los ejidatarios de diversos municipios, el pasado lunes 17.
Manifestaron que están dispuestos a presentar las pruebas para acusarlo de corrupción, ya que siempre está a favor del empresario, por lo que se solidarizaron de la manifestación efectuada en la puertas del TAU de ésta ciudad capital.
El encargado del Consejo de Vigilancia del Comisariado de Chocholá, Gonzalo Alcocer Peña, solicitó la destitución del magistrado federal, ya que está coludido con personal del Registro Agrario Nacional (RAN) en el despojo de tierra con tal de beneficiar a la iniciativa privada.
Resaltó que Betancourt Sánchez pretende despojar de su patrimonio a los campesinos de Bokobá, Cansahcab, Chocholá, Motul, Sinanché, y Suma, a través de diversas ilegalidades.
Aseveró que numerosas las acusaciones en contra del magistrado federal, por lo que “estoy seguro que no son los únicos ejidos afectados por Betancourt Sánchez”.
Ejemplificó el caso de recibir fuertes cantidades de dinero, aprobar documentos apócrifos, validar ilegales elecciones de comisarios, y beneficiar de manera directa al sector empresarial.
Afirmó que están cansados de los atropellos cometidos por el magistrado federal, por lo que ahora piden que realmente se cumpla la Ley a favor de los que realmente trabajan la tierra.
Enunció que todas las anomalías que se registraron durante la administración del ex gobernador Rolando Zapata Bello, y “no son hechos aislados, si hay las pruebas en seis municipios, seguro habrán más anomalías en otros ejidos”.
Por ende, convocó a campesinos de otros municipios a que se sumen para denunciar todas las irregularidades, y de ésta manera, exigir la destitución de Betancourt Sánchez.
Remarcó que Chocholá apoya el movimiento que se realizó el pasado lunes 17, en las puertas del TAU, donde ejidatarios de cinco municipios denunciaron las anomalías que prevalecen.
Expresó que “en el caso de Chocholá, son cerca de 700 los parcelarios afectados por su actitud, anomalía que ya lleva varios años”,
Mencionó el caso de Paulino May Moo, quien “con su séquito de usurpadores han vendido las tierras de forma ilegal. La situación se complicó cuando Zapata Bello entró como gobernador”
Alcocer Peña reprobó la actitud de los delegados del RAN y de la Procuraduría Agraria (PA), quienes “apoyan incondicionalmente a los empresarios y a sus secuaces, en los despojos de las tierras”.
Aseveró que se engañó a los ejidatario, a quienes “se les robó sus tierras”, para la creación de la denominada zona “Camino real”, con una extensión de 612 hectáreas, ubicada en la carretera Chocholá – Kopomá, las cuales están en juicio.
Expresó que hace casi seis años, los ejidatarios confiaron en los ahora ex comisarios para firmar el documento que les presentaron, sin imaginar que al firmar o poner su huella digital cedían su patrimonio al sector empresarial.
Comentó que el consorcio ahí establecido pagó para la realización de un estudio de impacto ambiental, el cual se entregó al magistrado federal, documento en el que se explica que en dicha área no hay evidencia de fauna silvestre y no se afectaría a la flora.
Ante tal anomalía, los ejidatarios pagaron a un biólogo para que efectuara un estudio, y se determinó que hay evidencia de fauna silvestre así como de flora endémica, propia de la región, que se vería afectada por dicha empresa.
Incluso, en el municipio hay más de 100 apicultores, cuya actividad está en riesgo ante el grave daño que pueda sufrir el medio ambiente.
Hace unos años, cerca de 460 hectáreas del ejido de Chocholá fueron vendidas de manera ilegal a una empresa hotelera que pretende construir un campo de golf, cuya transacción la efectuó Paulino May Moo, quien en 2017 perdió el proceso de elección de comisario ejidal.
Asimismo, los ejidatarios, encabezados por Rodolfo Paredes Quintal, establecieron que monto total del terreno osciló en seis millones de pesos, de los cuales, sólo se entregó la mitad a los supuestos propietarios de las ilícitas parcelas.
